No es la primera vez que algunas personas utilizan la picaresca para engañar y jugar con la ilusión de determinadas personas para luego estafarlas. Estos pícaros son profesionales de la mentira que saben perfectamente cómo operar y elegir los sujetos que pueden caer en la trampa.
Así comienza el calvario de Cecilio, un español con residencia en Ginebra que recibió la llamada de un bufete de abogados. El mismo, se identificaba como León Bufete, letrado del despacho CBL Abogados. De este modo, le comunicaban a Cecilio del fallecimiento de un familiar que le había dejad una herencia de 8,7 millones de dólares.
A lo largo de la conversación, el supuesto abogado explicaba a Cecilio que el dinero se encontraba en custodia en una empresa de Seguridad en España: Carmax Exchange and Security. A continuación, el supuesto responsable de la compañía se puso en contacto con Cecilio y a partir de ese momento, comenzó a abonar diversas cantidades, hasta llegar a un total de 758.421 euros en concepto de supuestas tasas y aranceles en múltiples cuentas de entidades bancarias. Aunque, se debe decir que el supuesto responsable no fue la única persona que se puso en contacto con Cecilio, ya que posteriormente también lo hizo Idelfonso, supuesto colaborador de Carmax Exchange and Security SL y de otro bufete, FCB&A Amucio Abogados.
Incluso una de las transferencias con una cuantía de 8.000€, llegó a un deposito de La Caixa. El cual pertenecía a un párroco del barrio del Cañabal (Turia), quien no conocía nada del asunto ni por qué había recibido dicha transferencia. El desconocimiento del párroco fue posteriormente corroborado por los jueces de la investigación.
Fue el 31 de julio de 2014 cuando Cecilio realizó una de las últimas transferencias por el valor de 38.500€ a la entidad Bankia. Tras ello, no volvió a tener noticias de los estafadores y fue entonces cuando trasladó el asunto a los Tribunales.
De este modo, el 18 de octubre de 2018, la Audiencia Provincial de Valencia dictó el fallo sobre este asunto condenando a los tres estafadores a tres años de cárcel y a devolver la cuantía estafada: 758.421 euros. Al respecto, Adrián Serrano, letrado de Ayuela Jiménez añade que, «Se absolvió a los acusados del delito de integración en grupo criminal».
Finalmente, los condenados recurrieron el fallo ante el Tribunal Supremo, solicitando una rebaja de la condena alegando al respecto que, la víctima no había protegido diligentemente su patrimonio. Tras ello, el Tribunal Supremo desestimó el recurso el 27 de mayo de 2020 manifestando lo siguiente: «las exigencias de autotutela en la defensa del patrimonio no suponen que el sujeto pasivo deba desplegar una protección equivalente a la potencialidad de maquinaciones y ardides que emplee un sujeto activo».
