La pandemia provocada por el Covid-19 ha supuesto un cambio en todas las vertientes de nuestra vida. Todos los sectores se han visto afectados y se han visto obligados a renovar su modelo de trabajo para adaptarse a este nuevo tiempo. La Justicia no ha sido menos. En plena primera ola de contagios y con el confinamiento tan estricto que nos tocó vivir, se tuvieron que suspender las vistas y reprogramarlas para otro momento. Este hecho ha provocado cambios en los juzgados debido al colapso de estos, con juicios aplazados hasta más de tres años después de la fecha inicial o con la incorporación de juicios telemáticos.
La Justicia canaria, pionera
Ante esta disyuntiva, de acelerar los procesos para evitar congestionar aún más la Justicia y cumplir las medidas sanitarias claves en estos tiempos para evitar los contagios, las Comunidades Autónomas están comenzando a tomar medidas muy interesantes. La primera de ellas ha sido Canarias, y es que el Gobierno de esta comunidad ha implantado un sistema de comparecencias de manera telemática. Es decir, gracias a esta medida, los testigos que tengan que comparecer en un juicio no tendrán que acudir a los juzgados. El objetivo es cumplir con las medidas sanitarias como la distancia de seguridad o el aforo reducido de estos espacios.
Sin embargo, no todo es tan fácil como parece. Y es que, en temas de tanta trascendencia, como es la comparecencia de un testigo en una vista, el empleo de las nuevas tecnologías puede suponer un riesgo. Ya sabemos que los programas pueden sufrir ataques informáticos y acceder así a información confidencial o suplantar la identidad de los propios testigos.
Acuerdo con Inetum
Por ello, el Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, ha desarrollado junto a la empresa Inetum, un Sistema de Comparecencias ‘Apud Acta en Remoto’ (SCAAR). Este programa, pionero en nuestro país, sustituye la personación física por una identificación biométrica –a través del reconocimiento facial– remota y segura a través del móvil.
Su implantación implica gran cantidad de ventajas, tanto para la persona sobre la que se fija la medida judicial de comparecencias periódicas -que podrá sustituirlas, si así lo consiente- por su verificación remota a través de su teléfono móvil, como para la propia Administración de Justicia.
El Gobierno canario ha detallado que mediante esta tecnología se pasa de un proceso netamente manual y humano de verificación de comparecencias a un sistema íntegramente digital que, además, se integrará dentro del Sistema de Gestión Procesal generando notificaciones y alertas inmediatas. Ganando en eficiencia y maximización de las capacidades de recursos humanos de la Administración de Justicia al informatizar una labor que antes solo podía hacerse a través de la presencia física directa.
¿Cómo funciona?
El Sistema de Comparecencias ‘Apud Acta en Remoto’ ya implementado y contrastado en mercados como el de la aeronáutica, control de fronteras o bancario, entre otros, cuenta con sistemas de verificación documental y sistemas de biometría facial.
Se trata de una solución bifásica en la que la persona compareciente verifica su identidad con cualquier documento válido y genera su credencial biométrica a través de reconocimiento facial. Una vez generada la credencial, se emplea para verificar su identidad a distancia acompañada de una geolocalización que permite verificar que la persona se encuentra en el territorio en el que debe permanecer.
De esta manera, hay una doble comprobación. En primer lugar, una verificación de la identidad de la persona, indispensable para garantizar la comparecencia, y en segundo lugar la identificación biométrica que confirma y evita el fraude de identidad.
En cuanto a la seguridad y fiabilidad de la biométrica, los sistemas de biometría facial soportan tecnologías para evitar usos fraudulentos con máscaras o fotografías que puedan propiciar una suplantación de identidad y garanticen que, en base a un algoritmo calculado entre una tasa definida la evidencia facial capturada, es de una persona real y coincidente con la tenedora del documento verificado.
