La Comisión Europea analiza la denuncia sobre la de vulneración del Estado de Derecho en España

Se estudiará esta denuncia presentada por los jueces españoles a finales de abril, cuando se realice el examen anual que Europa realiza a cada uno de sus Estados miembro.
La Comisión Europea analiza la denuncia sobre la de vulneración del Estado de Derecho en España
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La Comisión Europea (CE) se está encargando de estudiar la denuncia que presentaron los pasados días tres asociaciones judiciales. Éstas advierten de que existe un “riesgo claro de violación” del Estado de Derecho en España. Por tanto, la CE ha anunciado que analizará este asunto a finales del mes y para ello contará con: los propios jueces, otras figuras del mundo judicial y, también, con el Gobierno.

En este sentido, ayer el portavoz de Justicia del Ejecutivo comunitario, Christian Wigand, informó que han recibido la carta de los jueces españoles, y que la estudiarán y responderán en el menor tiempo posible.

Además, ha explicado que también se tratarán otros asuntos del sistema judicial en España durante esta “visita virtual”. Se prevé que ésta se realice a finales de abril, en el examen anual que la CE le efectúa a cada Estado miembro.

DENUNCIA ASOCIACIONES

Las asociaciones que presentaron el escrito de denuncia fueron: la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI). Entre todas representan a más de 2.500 jueces y magistrados de España. La razón de este escrito enviado a la CE es para que “inicie el procedimiento previsto por el Tratado de la Unión Europea para constatar el riesgo claro de violación grave del Estado de Derecho por parte de España”.

De hecho, estas tres asociaciones han denunciado formalmente ante Europa la “intromisión política en el Poder Judicial que se está produciendo en España” por parte del Gobierno, formado por el PSOE y Unidas Podemos. Por ejemplo, esta intromisión se puede apreciar en la aprobación, hace apenas unos días, que fuerza el “apagón del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)” cada vez que los principales partidos no consigan ponerse de acuerdo para renovar este órgano.

El problema, es que dicho órgano es fundamental para que la Justicia española funcione adecuadamente, ya que es el único que puede encargarse de solventar las bajas y vacantes en los tribunales más altos de España. Sin embargo, esto no será ahora posible con esta reforma, ya que si los políticos no son capaces de renovarlo éste se mantendrá bloqueado. Esta circunstancia se da desde el año 2018 y que también sucedió anteriormente, entre 2006 y 2008. Ahora, esto podría volver a suceder dentro de algunos años cuando se deba volver a renovar.

POLITIZACIÓN JUSTICIA ESPAÑOLA

Pero esta no es la única reforma sobre la que las asociaciones judiciales españolas advierten. También lo hacen sobre otra reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Con ésta el Gobierno quiere que todos los vocales y presidente del CGPJ y el Tribunal Supremo (TS) sólo dependan de la mayoría que el Ejecutivo actual apoye. Así, se dejaría fuera a la oposición en la elección de estos cargos. Aunque actualmente éste es ya uno de los principales motivos de la politización de la Justicia en nuestro país, tal y como señalan estas asociaciones judiciales y el Grupo de Estados Contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa.

De esta manera, APM, AJFV y FJI advierten de que si, finalmente, dicha reforma se llevase a cabo se daría “inicio del camino hacia el totalitarismo” en España.

SOLICITAN INTERVENCIÓN DE LA UE

Por tanto, estas tres asociaciones piden a la Unión Europea (UE) que haga algo frente a la “colonización del CGPJ por parte de los principales partidos políticos, que se reparten todos los puestos en negociaciones secretas fuera del Parlamento”. Entonces, añaden que ello “compromete los nombramientos de altos cargos judiciales, así como toda actividad gubernativa sobre jueces y con ello su independencia e imparcialidad”. Aunque, este no es el único problema porque, además, se “pone en riesgo el Estado de Derecho”.

Asimismo, a esta denuncia de las asociaciones judiciales se suma la Asociación de Fiscales (AF), tal y como explica su presidenta Cristina Dexeus. A la AF le parece que es “adecuada” la propuesta presentada ante la UE.

“Pedimos a la Comisión Europea que tome medidas para que España rectifique y retire la reforma aprobada y no ponga en marcha la otra que pretende el Gobierno si no hay acuerdo para renovarlo”, subraya Cristina Dexeus.

De esta forma, Dexeus también advierte que de llevarse a cabo dichas reformas “vamos a conseguir el descrédito y la intervención de Europa para que no suceda lo que está ocurriendo en Polonia”.

 

 

 

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