El funcionario trabajaba en la Seguridad Social de Zamora y durante 16 años se embolsó 549.000 euros por cobrar la pensión de su abuelo fallecido. Por esta razón, la sentencia del Tribunal Supremo (TS) ha sido de cinco años y siete meses de prisión. Además, deberá pagar una multa de 600.000 euros y durante seis años no podrá obtener subvenciones de la Seguridad Social.
El acusado ejercía el puesto de Jefe de Sección de Control de Pensiones de Zamora. Ha quedado probado que, gracias a su puesto, tuvo acceso a las claves para tramitar jubilaciones. Además, modificó la jubilación de su padre y le dio una pensión de viudedad a una amiga.
Por esta razón, el Tribunal lo ha considerado autor de fraude de prestaciones de la Seguridad Social. Además, se le acusa de un delito de falsedad en un documento oficial.
El fraude
El abuelo del funcionario falleció en agosto del 93, pero el funcionario acusado modificó esta fecha. Según la modificación, en el 2000 el abuelo estaba vivo. Desde ese año, el condenado recibió mensualmente hasta 549.541 euros correspondientes a la pensión del fallecido. Hasta abril de 2016. Fue en esta fecha cuando el funcionario le dio la baja por fallecimiento.
El TS ha probado que el funcionario también modificó el expediente de su padre (recibió casi más de 36.000 de lo que debía) y le otorgó una pensión de viudedad a una amiga que sufría problemas económicos. El Supremo también ha probado que el acusado arregló una pensión de orfandad para el hijo de esa amiga. Estas pensiones eran de 13.263 y 5.147 euros, respectivamente.
La sentencia
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León condenó en 2019 al funcionario a siete años y tres meses de prisión por delito de estafa en concurso por falsificar un documento oficial. También por un delito de fraude a la Seguridad Social.
Sin embargo, el TS – presidido por Manuel Marchena Gómez -ha rebajado la condena a cinco años y siete meses ya que ha visto “la continuidad delictiva entre los cuatro hechos” y “la conexión subjetiva, de homogeneidad de acción”.
La amiga del funcionario fue condenada a un año y 10 meses de prisión por delito continuado de fraude a la Seguridad Social por la Audiencia de Zamora.
Además, ambos deberán indemnizar al Instituto Nacional de la Seguridad Social con una cantidad solidaria de 19.259,77 euros.
