La LOMLOE, aprobada el pasado noviembre, ha dado mucho de qué hablar. A pesar de que se trata de un intento por volver a la ley educativa creada en 2006, contiene una serie de modificaciones que van a afectar tanto a los estudiantes como a sus familias.
Qué es y por qué ahora
La Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE), también conocida como “Ley Celaá”, es la nueva ley del sistema educativo español. Su objetivo es deshacer los cambios de la LOMCE (anterior legislación educativa creada por el PP), así como actualizar la LOE (anterior a la LOMCE, creada por los socialistas).
Según se ha indicado por parte del Gobierno, este cambio se debe a que esta ley (LOMCE) ha roto el equilibrio creado por la LOE, donde diferentes formas de concebir la educación podían convivir “en un sistema democrático y plural”.
Esta ley fue aprobada el pasado 19 de noviembre en el Congreso de los Diputados con 177 votos a favor, 148 en contra y 17 abstenciones. Se estructura en un único artículo que cuenta con 99 apartados. Estos modifican parcialmente 77 artículos de la LOE y añaden varias disposiciones.
Pilares de la Ley Celaá
El principal objetivo de esta reforma es actualizar la legislación educativa. Por ello, el Gobierno afirma que su base reside en los siguientes cinco puntos:
- El interés del menor
- La igualdad de género y la prevención de la violencia de género
- La mejora de los centros educativos con una mayor personalización del aprendizaje
- La educación al desarrollo sostenible y la ciudadanía mundial, atendiendo a la Agenda 2030
- Inserción de la digitalización en la actividad educativa
Puntos más comentados
Lengua vehicular
El apartado 89 de la LOMLOE determina que todos los alumnos tienen derechos a recibir clases tanto el castellano como en las lenguas cooficiales. De esta manera, se pretende que al acabar la educación básica, el alumno domine plenamente el castellano y la lengua cooficial en los casos correspondientes.
La controversia de este punto viene a que se ha interpretado que en comunidades donde existe una lengua cooficial, como es el caso de Cataluña o País Vasco, el castellano sería suprimido de las aulas. Sin embargo, según el apartado 89.4 se explicita que no es así. La asignatura de Lengua Castellana y Literatura debe impartirse en castellano, por tanto, seguiría dentro de la enseñanza y respetaría la Constitución Española (CE).
Educación concertada
El apartado 88 explicita que los centros públicos y concertados no podrán cobrar cuotas a las familias por clases que son de carácter gratuito. Además, elimina la “demanda social” de los concertados, un criterio que posibilitaba la creación de más plazas en el centro si las familias lo solicitaban, aun habiendo plazas disponibles en los colegios públicos.
De igual manera, la LOMLOE apunta que los colegios concertados tienen que estar preparados para recibir a estudiantes con dificultades, quedando de esta manera los alumnos repartidos de manera equitativa entre los centros públicos y concertados.
Además, los centros que no estén segregados por género u orientación sexual tendrán prioridad para mantener el régimen de concierto -financiación del Estado-. La finalidad de este asunto es evitar la segregación de alumnos. Esto ha suscitado polémica ya que los centros concertados donde solo haya estudiantes de un único sexo no podrán acceder a la parte subvencionada por el Estado.
Asignatura de Religión
Esta materia seguirá formando parte de la oferta educativa ya que se considera un derecho de los estudiantes. Sin embargo, el alumno no está obligado a cursarla ya que es una asignatura voluntaria. Además, la nota que se obtenga en la materia no contará para obtener una beca o para selectividad.
Segregación por sexo
Los centros públicos y privados deberán ofrecer una educación no segregada, es decir, los centros no deben separar al alumnado por género. Además, las instituciones deben incentivar la presencia femenina en aquellos ámbitos más demandados por hombres, y viceversa. Además, se explica que los libros de textos y otros materiales educativos no contendrán estereotipos sexistas.
Pasar de curso con asignaturas suspensas
Esta ley explicita que los profesores serán los que decidan si el alumno puede continuar el siguiente curso con éxito aun teniendo materias anteriores no aprobadas. De esta forma, los alumnos podrán pasar de curso si han aprobado todo o si han suspendido una o dos asignaturas.
La repetición de curso, por tanto, se considera excepcional, solo podrá repetir el mismo curso una vez, y repetir un máximo de dos veces en la enseñanza obligatoria.
Educación especial
De igual manera que sucede en los colegios concertados, los públicos deben estar capacitados para atender a los alumnos con necesidades especiales, liberando así la presión de los centros de educación especial. De esta manera, se pretende garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad. Sin embargo, las administraciones deberán continuar apoyando a los centros de educación especial.
Además, en la disposición adicional cuarta se establece que se desarrollará un plan para que dentro de 10 años “los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad”.
Otros cambios
- Ética y valores cívicos se estudiará en Primaria y Secundaria. Se atenderá en especial los Derechos Humanos y la igualdad
- Desde Primaria se fomentará la educación para la salud, incluyendo la afectivo-sexual
- Los alumnos deberán conocer de manera profunda la historia de la democracia en España, planteándose desde una perspectiva de género
- Se fomentará la concienciación de defensa del planeta
- A la hora de admitir alumnos se tendrá en cuenta la proximidad del domicilio o la renta familiar
- Las administraciones crearán una comisión de admisión en caso de que la demanda supere a la oferta
- La oferta de plazas del primer ciclo de infantil se incrementará de manera progresiva. El segundo ciclo será gratuito y se garantiza plaza en centros públicos y privados.
- Bachillerato se podrá hacer en tres años y “excepcionalmente” el alumno se podrá graduar del ciclo si solo ha suspendido una asignatura, decisión que tomará el claustro
- Los mayores de 16 años con contrato laboral y cuyo horario les impida acudir a un centro ordinario podrán acceder a las escuelas de educación para adultos
- Se podrán organizar programas formativos para alumnos mayores de 17 años que no tengan cualificación con el objetivo de permitirles obtener un título de FP o certificación académica
- La oposición para inspector no se considerará una prueba sino una valoración de capacidades. Se tendrá en cuenta los méritos y trayectorias del candidato.
- Las etapas educativas contarán con competencias digitales
- Cada Comunidad Autónoma elaborará un plan de contingencia para continuar con la educación en caso de situación de emergencia
Cuándo entra en vigor
A pesar de que la nueva ley de Educación entrará en vigor mañana, 19 de enero de 2021, la legislación recoge cuándo comenzará cada modificación, ya que no se implementarán todas en el mismo periodo de tiempo.
El día de su entrada en vigor se implantarán las medidas relativas al Consejo Escolar, el Claustro, la autonomía de los centros, la admisión del alumnado y la elección de los directores de los centros públicos.
Las medidas relacionadas con la evaluación y la promoción de los distintos ciclos se aplicarán a partir del inicio del curso 2021-2022.
En cuanto al currículo (plan de estudio), la organización y objetivos de Educación Primaria y Secundaria, las medidas comenzarán un año después de la entrada en vigor de la ley en el caso de los cursos impares (1º, 3º y 5º de Primaria, y 1º y 3º de ESO) y dos años después en los cursos pares (2º, 4º y 6º de Primaria, y 2º y 4º de ESO). En lo que respecta al Grado Básico y a Bachillerato, las medidas del primer curso comenzarán al año siguiente de la entrada en vigor y en 2º, dos años después.
Ocho leyes, 40 años
La Ley Celaá se convierte de esta manera en la octava ley de Educación desde el inicio de la Democracia. A continuación, se muestra un listado con todas las reformas educativas desde 1980:
1980: Ley Orgánica del Estatuto de Centros Escolares (LOECE)
1985: Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación (LODE)
1990: Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE)
1995: Ley Orgánica de la participación, la evaluación y el gobierno de los centros docentes (Ley Pertierra)
2002: Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE)
2006: Ley Orgánica de Educación (LOE)
2013: Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE)
2020: Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE)
