La Unión Europea, a través de la primera auditoría de la Comisión Europea se enfrenta a numerosos desafíos en algunos países miembros como los relacionados con la independencia judicial o la libertad de prensa.
El informe subraya que la independencia judicial está en peligro en Hungría y Polonia, pero señala que también quedan desafíos en algunos otros Estados miembros como Bulgaría, Rumanía, Croacia y Eslovaquia.
Por otro lado, la libertad de prensa es preocupante en países como Bulgaria, Croacia, Hungría, Eslovenia y España, según el informe que analiza cuatro cuestiones en los 27 países de la Unión Europea. Las cuatro cuestiones que se analizan son las siguientes: los sistemas judiciales, la lucha contra la corrupción, el pluralismo y la libertad de los medios de comunicación y los controles y equilibrios en general.
El estudio menciona como dificultades para la prensa, las amenazas físicas, acoso en línea, campañas de difamación, intimidación o amenazas con orientación política.
En el punto de mira de la Unión Europea lleva desde 2017 Polonia y en 2018 Hungría. Contra esta ultima se activo el procedimiento conocido como Artículo 7, ante la preocupación por la falta de independencia de sus sistemas judiciales, la situación de la libertad de expresión, la corrupción y el estado de la democracia en general en ambos países.
Ese proceso podría llevara retirar el derecho de voto de estos países en el Consejo.
Además, en las últimas semanas se han intensificado en la Unión Europea las discusiones sobre la vinculación de los fondos europeos al respeto del Estado de derecho, algo que Hungría y Polonia rechazan rotundamente.
La comisión con este informe insiste en que las reformas en la justicia polaca desde 2015 han supuesto “una gran fuente de controversia, tanto a nivel nacional como de la Unión Europea, y han generado graves preocupaciones, de las cuales varias persisten”
Dice que las reformas que afectaron al Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, al Consejo Nacional del Poder Judicial y a la Fiscalía, “incrementaron la influencia de los poderes ejecutivo y legislativo en el sistema de justicia, y por tanto, debilitaron la independencia judicial”.
Sobre Hungría recalcó su “grave preocupación” por el impacto de diferentes reformas en la independencia del Consejo Nacional Judicial, que afronta problemas para equilibrar los poderes del presidente de la Oficina Nacional del Poder Judicial, que está a cargo de la gestión de los tribunales.
Por otro lado, el informe también señala que más allá del impacto sanitario y económico, la crisis relacionada con el coronavirus ha supuesto desafíos sociales para las administraciones públicas, y los sistemas legales y constitucionales.
La comisión destacó que en algunos Estados miembros los medios de comunicación y la sociedad civil enfrentan nuevos obstáculos a causa de estados de emergencia que han motivado la reducción del control institucional sobre los políticos.
Tales situaciones han contribuido, según la comisión, a difundir desinformación y rebajar la confianza en las autoridades, lo cual perjudica al Estado de Derecho.
