La Unidad de Cumplimiento Interno del Banco Central de España pretende solicitar a sus trabajadores una copia de su declaración del IRPF para comprobar la validez de los datos presentados. Siendo esta medida totalmente innecesaria y abusiva.
La sala de lo Social del Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia en la que se prohíbe al Banco de España la exigencia de la declaración del IRPF a sus trabajadores en procesos de verificación financiera.
Se ha declarado que dicha medida, vulnera el derecho de los trabajadores a la protección de datos de carácter personal de los mismos. El artículo que se anula es parte del párrafo del 8.2 de la Ordenanza 9/2017, que desarrolla el Código de Conducta para el personal trabajador del Banco de España.
El Tribunal desestima los recursos que el Banco Central de España y CCOO Servicios han interpuesto contra la decisión de la Audiencia Provincial de declarar nula esta actuación, y para ello se basa en dos motivos principales.
En primer lugar, no existe ninguna acción legal o derecho por parte del Banco de España para poder exigir las declaraciones de IRPF de sus empleados y, en segundo lugar, no ha pedido el consentimiento previo a los afectados para poder hacerlo.
En la resolución del Tribunal se afirma que a parte de conocer la situación financiera también se puede ver los datos personales, por lo cual se estaría vulnerando el derecho a la protección de datos recogida en la LOPDP 15/1999, de 13 de diciembre.
En el lado contrario, el empresario se acoge al artículo 20 del Estatuto de los Trabajadores; el Tribunal Supremo ha tenido que limitar este derecho del empleador sobre sus trabajadores. El derecho del Banco acaba cuando empieza el de los trabajadores.
Además, alegan que las Orientaciones del Banco Central Europeo 2015/855 y 2015/856, en los artículos 5 y 3.3 establecen que los bancos centrales que integran el Eurosistema tienen la potestad de supervisar y comprobar las normas internas. Pero eso no implica el derecho a reclamar el IRPF de los empleados.
Y, también, se obliga al Banco Central a solicitar un consentimiento necesario a los trabajadores cuando se quiera tener información sobre ellos. A parte de esto, se añade la obligación de que en las actividades extralaborales que se realicen deben contar con unas garantías constitucionales y basadas en los derechos laborales.
Esta restricción a la hora de realizar actividades fuera del horario laboral viene recogidas en el Código de Conducta de 2002.
