El martes de esta misma semana tendrá lugar en el Senado el debate sobre la reforma del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal con el objetivo de ampliar a 12 meses el plazo tope de las instrucciones de las causas penales.
Tras ser enviada dicha proposición por la Comisión de Justicia de la Cámara Alta, la mayoría de los partidos aprobaron reformar la redacción que el Partido Popular dio a este precepto legal en el año 2015, cuando contaba con mayoría absoluta tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado. De este modo, el Partido Popular establecía una fecha tope para las investigaciones penales de seis meses (con carácter general) o dieciocho meses (en causas más complejas).
La reforma pretende derogar dichos plazos y poner un nuevo límite temporal: 12 meses. El cual no necesitara la petición de la fiscalía o de las partes para que el procedimiento se declare complejo y la investigación pertinente pueda ser prorrogada en el tiempo. Ahora, será el magistrado instructor el que tendrá la potestad de “acordar de oficio o a instancia de parte», y una vez «oídas las partes» las «prórrogas sucesivas por periodos iguales o inferiores a seis meses».
Se debe apuntar que la petición de dicha reforma es una de las principales reivindicaciones por parte de las asociaciones de jueces y fiscales. Lo que ha sido escuchado y promovido por Unidas Podemos, quien impulso la derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
La reforma toma sentido y justifica su objetivo en evitar la impunidad. Así lo afirman PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos y el resto de los grupos parlamentarios.
En cuanto a VOX, también cree que los plazos establecidos «abren la puerta a la impunidad». Aunque, también cree que debe ser el juez instructor quien decida cuando es oportuno concluir la investigación de cada causa, sin establecer una fecha límite. Finalmente, afirma que los límites temporales convienen a los partidos que han apoyado mantenerlos en aras de “proteger casos de corrupción”.
Por lo que, la reforma del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se llevará a cabo en un tercer intento desde mayo de 2017. Cuando, en aquel momento, la propuesta no fue llevada a cabo.
Aunque se volvió a intentar una segunda vez, en septiembre de 2019, pero la proposición de reforma estuvo condicionada con motivo del adelanto electoral, lo que condenó su desarrollo. Finalmente, en febrero de este mismo año el Congreso de los Diputados aprobó la toma en consideración de la ley de Unidas Podemos que como podemos ver ha llegado hasta el Senado y promete salir hacia adelante.
