Se reanudará el juicio oral contra Ausbanc y el sindicato Manos Limpias el día 22 de junio, después que se interrumpiera por la pandemia del coronavirus, cuando se producía el interrogatorio por parte de la fiscalía al que fuera presidente de la asociación de usuarios de banca Luis Pineda.
El tribunal ha acordado que se reanuden las sesiones como primeros días, el día 22 y 23 de junio, a los que seguirán el 20 y 21 de junio.
La fiscalía pide para Pineda 118 años y 5 meses de cárcel y para el presidente del sindicato Mano Limpias, Miguel Bernad, 24 años y 10 meses, al acusarles de delitos de organización criminal y extorsión, a lo que en el caso del primero añade estafa y blanqueo de capitales y le pide una multa de 10 millones de euros.
También para la que fuera abogada de la acusación popular en el “caso Nóos”, Virginia López Negrete, el Ministerio Fiscal solicita 11 años y 11 meses de cárcel por organización criminal y extorsión.
La fiscalía además reclama la disolución de todas las sociedades vinculadas a Ausbanc y Manos Limpias, y solicita penas que oscilan entre 16 y 66 años de prisión.
Además la fiscalía detalla en su escrito de acusación como el principal acusado, Luis Pineda, ideo la creación de una asociación “sin finalidad de lucro” que denomino Ausbanc pero que en realidad buscaba el enriquecimiento ilícito personal a través de tres canales principalmente: las cantidades que bancos y empresas pagaron ante las amenazas de realizar campañas públicas de desprestigio en su contra, los provenientes de subvenciones, y las cuotas de los asociados adheridos, quienes además no podían participar en la toma de decisiones de Ausbanc.
También la actividad de Ausbanc y Manos Limpias se concreta en la negociación de la retirada de la acusación de la infanta Cristina en el “caso Nóos” a cambio de un acuerdo que les beneficiara económicamente.
Esta estrategia también fue empleada en otros casos como en la acusación de Manos Limpias en el caso de los falsos ERE de Andalucía, en la extorsión a Unicaja para archivar el procedimiento contra su presidente, la presión ejercida al Banco Sabadell, a Volkswagen en el caso del trucaje de los motores diesel de sus vehículos, al Banco Santander y a La Caixa.
El dinero recaudado se destinaba también a unas sociedades relacionadas con Ausbanc mediante facturas falsas y con el que se adquirieron bienes inmuebles. El fiscal enumera más de una decena de empresas y entidades mercantiles, algunas fuera de España, en cuyos puestos de dirección figuraban gran parte de los acusados.
Antes del comienzo del juicio, RTVA, BBVA y Caixa Geral, Radio Televisión de Andalucía y Canal Sur Radio y Televisión comunicó a la Audiencia Nacional que se retiraba del procedimiento contra Ausbanc y su presidente en el que participaba en calidad de actor civil perjudicado.
