Nada más salir a la luz la reforma propuesta por el Gobierno para rebajar la mayoría parlamentaria necesaria para elegir a los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la mayoría de asociaciones de jueces alertaron del peligro que entrañaba dicha reforma para la separación de poderes.
Siguiendo esta línea, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) han realizado un comunicado conjunto en el cual ponen de manifiesto que no acudirán a las reuniones que sean convocadas por el Ministerio de Justicia. Esta postura supone una nueva queja pública y se adopta como medida de “presión” para que el Gobierno se replantee la viabilidad de las medidas tomadas en la reforma. Las asociaciones hablan con firmeza, e indican que no están dispuestas a mantener reuniones “con quien justifica, promueve y apoya un proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que ataca de plano a la independencia judicial”.
La APM, asociación mayoritaria en la carrera judicial, aboga por una férrea defensa de la independencia judicial, y afirma que “la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que pretende el gobierno al mantener el sistema de elección de los vocales de procedencia judicial por el Parlamento y reducir la mayoría necesaria para esa elección resulta manifiestamente contraria a la letra y al espíritu del artículo 122.3 de la Constitución española, puesto que anula las cautelas señaladas por el Tribunal Constitucional en la sentencia 108/86 para evitar la colonización del órgano de gobierno de los jueces por los partidos”. Y ello, porque, según indica la asociación, “la reforma abre la puerta a la definitiva politización del CGPJ y lo inhabilita para el ejercicio de su función constitucional de garantizar la independencia de los jueces”.
Además, ambas asociaciones entienden que, de llevarse a cabo la reforma propuesta por los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos, España se colocaría “fuera de los valores y estándares europeos de separación de poderes”.
Por su parte, Jorge Fernández Vaquero, de la AJFV, indica que “la razón de la creación del CGPJ no es otra que la de mantener la independencia del órgano de gobierno de los jueces, evitando su dependencia orgánica y funcional del Ministerio de Justicia”. Por lo que, en consecuencia, “si la finalidad de la institución es preservar la independencia judicial, dicha finalidad queda frustrada en su origen al ser la totalidad de sus miembros elegidos por otro poder del Estado como la práctica ha venido demostrando”.
Por lo tanto, según han manifestado la APM, y la AJFV, ninguna de las dos asociaciones estarán presentes en las reuniones venideras con el secretario de Justicia Pablo Zapatero, siendo las fechas de celebración (vía videoconferencia) los próximos 10, 20 y 27 de octubre. A no ser que el Gobierno recule y reconsidere el modo de renovar el CGPJ.
Y es que, como defiende Jorge Fernández Vaquero, “preservar la independencia del poder judicial es vital para democracia, sin ella no habría separación de poderes”.
