El despacho de abogados Arriaga Asociados ha presentado una querella contra seis Magistrados de las Audiencias Provinciales de Sevilla y Granada por una presunta prevaricación en relación a diferentes fallos sobre la cláusula IRPH.
Recordemos que anteriormente, Arriaga se había querellado por el mismo motivo contra cinco Magistrado, pero en aquella ocasión fueron de la Audiencia Provincial de Barcelona.
Las querellas presentadas no han sido aun admitidas a trámite, aunque el socio director de la firma de abogados cree que la admisión será un mero trámite y no tendrá problemas. Por lo que afirma tener su hoja de ruta estratégica en cuanto al procedimiento.
El conflicto que da origen al procedimiento del que hablamos nace de la interpretación que los Magistrados están realizando tras la sentencia emitida por el TJUE el pasado 3 de marzo. En la misma, se establece que la cláusula IRPH debía ser sometida a un análisis marcado por la transparencia para comprobar de ese modo su el cliente había sido correctamente informado y había entendido el compromiso al que se iba a someter durante el tiempo de vida del préstamo hipotecario.
Tras lo ocurrido, Arriaga describe los hechos como una “vergüenza e injusticia social este enfrentamiento frontal contra el imperio de la ley y la jurisprudencia europea«. Asimismo, añade que «lo único que está haciendo es ejercer la acción popular, derecho consagrado en el artículo 125 de la Constitución Española, que el Tribunal Constitucional considera como un derecho fundamental, equiparable al artículo 24 de la Constitución Española, del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva».
La opinión del CGPJ dista mucho de lo establecido por Arriaga. Claro ejemplo de ello son las declaraciones del CGPJ, el cual afirma que “presionar a los jueces para que resuelvan en un determinado sentido litigios futuros, haciendo públicas tales intenciones, no puede tener otra finalidad que menoscabar la necesaria imparcialidad del juez, aun cuando éste no se halle psicológicamente inquietado o perturbado».
Finalmente, Arriaga no ha tardado en dar respuesta a las declaraciones del CGPJ y define la actuación de este como un “intento de amedrentamiento» tanto a su despacho como a otros que quieran tomar medidas similares
