El Gobierno aprobó el pasado martes en su reunión del Consejo de Ministros la destinación de casi 20 millones de euros para crear centros de atención a víctimas de violencia sexual.
Con esta cantidad procedente de los fondos europeos de Recuperación y Resiliencia se pretende crear centros en todas las provincias españolas, así como en Ceuta y Melilla.
El Ministerio de Igualdad fue el encargado de poner en marcha esta iniciativa llamada España te protege contra la violencia machista. Con esta se quiere facilitar a las víctimas mayores de 16 años y a su entorno más cercano ayuda especializada en diversos ámbitos: psicológico, jurídico y social.
La creación de estos centros de ayuda 24 horas se contemplan en la Ley de Libertad Sexual (también conocida como “Ley del solo sí es sí”). Esta normativa se encuentra actualmente en la última fase de tramitación, justo a punto de pasar al Congreso.
Para que estos centros puedan empezar a funcionar, se tendrá que aprobar un protocolo de actuación. También deberá contar con la coordinación entre las instituciones y la red de servicio de atención, protección y asistencia a las víctimas.
Servicios
El primer contacto con esta organización puede ser a través de una línea de información y atención telefónica las 24 horas del día.
Además, las mujeres que requieran de esta ayuda encontrarán profesionales especializados en género, derechos humanos, violencia contra las mujeres y otros ámbitos relativos a la igualdad.
Según avanzó el Ministerio, el equipo estaría formado por una coordinadora, psicólogas, abogadas, traductoras y profesionales especializadas en intervención en crisis. Las profesionales se encargarán de acompañarlas en el proceso y se les facilitará un servicio de transporte gratuito. También se pretende crear una página web para compartir información.
Supervisión
La Conferencia Sectorial deberá acordar la próxima semana la distribución de los créditos a las comunidades autónomas. Tras esto, la Administración General del Estado, así como a sus órganos dependientes deberán aprobar los instrumentos jurídicos para formalizar los compromisos financieros.
El Ministerio de Igualdad será el encargado de supervisar la aplicación de los créditos, según se haya marcado en el Acuerdo de la Conferencia Sectorial. Se asegurará de que estos llegaron al destino correspondiente y se ejecutaron de la manera adecuada.
