El 17 de septiembre del año 2012 el Gobierno andaluz liderado por Susana Díaz (PSOE) llevó a cabo una reducción del 10% lineal en todos los módulos y bases de compensación económica de la Justicia Gratuita. Esta medida afectó a unos 9.000 abogados de oficio andaluces.
Desde el primer momento la abogacía andaluza tachó de «injusta» esta decisión y acusaron a la administración socialista de pretender hacer desaparecer este servicio esencial, que bastantes problemas económicos tenía ya debido a los bajos salarios.
Es por eso por lo que Francisco Javier Lara Peláez, decano emérito del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga, en nombre de la propia Corporación y de todos los colegiados adscritos a los Servicios del Turno de Oficio y Asistencia Jurídica Gratuita que así lo consideraron conveniente, interpuso reclamación administrativa.
Medida anulada
La justicia a través del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) anuló la medida en el mes de diciembre de 2017. Sin embargo, hasta ahora no se ha reparado el dinero económico que se debe al turno de oficio.
La Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (ALTODO) ha lanzado un comunicado en el que se solidariza con sus compañeros en el que reclama a la Junta de Andalucía el reintegro «inmediato» de las indemnizaciones no satisfechas a sus compañeros del Turno de Oficio andaluces. Es decir, que se reintegre los importes correspondientes al período en que estuvo vigente la orden. Éste es desde octubre de 2012 a diciembre de 2017.
Confiaban que, tras el cambio de gobierno, la Junta cumpliera con este compromiso, pero comienzan a sospechar que tampoco el Partido Popular y Ciudadanos están por la labor de solucionar este problema. «De no ser así, nuestra asociación lo denunciará públicamente, sin descartar posibles movilizaciones», avisa la ALTODO.
El ICAMÁLAGA se desmarca
El pasado 17 de diciembre, la nueva Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga (ICAMÁLAGA), surgida tras el proceso electoral vivido el 28 de octubre de 2020, publicó en su página web un comunicado anunciando su decisión de no interponer recurso contencioso administrativo frente a dicha resolución administrativa. De esta forma, el ICAMALAGA abandona la reclamación en cuanto a los gastos de infraestructura y mantenimiento del servicio de justicia gratuita, y deja en manos de cada letrado reclamante la decisión de formular, o no, su propia reclamación en vía judicial.
ALTODO denuncia esta actitud y también la inacción del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados (CADECA), y por eso apoyará y coordinará la iniciativa de aquellas letradas y letrados adscritos al Turno de Oficio del Colegio de Abogados de Málaga, que opten por presentar Recurso Contencioso- Administrativo ante los Juzgados.
