Este convenio se ha firmado entre la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (IIPP) y el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE). Gracias a él, todas aquellas personas que se encuentren internadas en un centro penitenciario, que sea dependiente de la Administración General del Estado, podrán comunicarse con sus abogados por videoconferencia.
Con esta iniciativa se pretende favorecer la garantía de la defensa y protección de los derechos de los internos a través de diversas herramientas tecnológicas. En concreto, esto se llevará a cabo con un sistema de videoconferencia. De esta manera, los colegios de abogados de toda España estarán en contacto con los centros penitenciarios que dependan de la Secretaría General de IIPP.
PRIMERA IMPLANTACIÓN
Sin embargo, esta no es la primera vez que un protocolo de estas características se pone en marcha. Fue en el 2019 cuando el Colegio de Abogados de Málaga firmó un acuerdo para implantar la teleasistencia jurídica de los presos de los centros de Málaga I (Alhaurín de la Torre) y Málaga II (Archidona).
Así, el éxito que tuvo esa iniciativa conllevó que el año pasado se implantará este sistema también en los centros penitenciarios Madrid II (Alcalá-Meco) y Madrid V (Soto del Real). Por tanto, se pretende ir extendido el convenio a los demás centros según los diferentes Colegios de Abogacía se vayan suscribiendo a éste.
INTERVINIENTES
En este sentido, en la firma del acuerdo han intervenido tanto la presidenta del CGAE, Victoria Ortega, como el secretario general de IIPP, Ángel Luis Ortiz. Por ello, Victoria Ortega ha explicado que con la expansión de esta opción a todas las prisiones que gestionen la IIPP se logrará “ofrecer mayor fluidez a la relación entre los internos y sus abogados y abogadas y mejorar, por tanto, la relación entre los colegiados y sus clientes”. Además, todo esto se conseguirá «sin menoscabo de que las entrevistas presenciales sigan siendo el elemento central en la relación entre los profesionales y sus defendidos», según ha subrayado la presidenta del CGAE.
Por otra parte, Ángel Ruiz Ortiz ha precisado que el convenio será un paso más para lograr la mejora del derecho de defensa de los encarcelados, aunque en un doble sentido: “por un lado, la agilidad en el acceso de internas e internos a sus defensores y, por otro, las facilidades en el desempeño de la labor de letradas y letrados”.
De esta forma, el CGAE será el responsable de implantar progresivamente los dispositivos necesarios para habilitar la videoconferencia en los diferentes colegios de abogados. Igualmente, será competencia de la Administración penitenciaria el habilitar los espacios y medios necesarios dentro de las prisiones para poder llevar a cabo este tipo de comunicación por videoconferencia.
