El Colegio de Abogados de Granada envió una petición firmada por todo el colectivo de profesionales al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. En ella pedían que se regulara las causas justificadas de suspensión de vistas judiciales en relación con la Covid-19. La intención de la Abogacía granadina era que el TSJA estableciera unas recomendaciones que hubieran permitido homogeneizar la respuesta de jueces y magistrados ante la solicitud de suspensión de vistas por los letrados en situación de cuarentena preventiva o de aquellos que tuvieran que cuidar de un familiar conviviente con Covid-19.
Negativa del TSJA.
Pese a esta petición, el Alto Tribunal andaluz se ha negado a aceptar las condiciones del Colegio de Abogados de Granada. En concreto, el acuerdo de la Sala de Gobierno, si bien afirma que el órgano es “consciente de la problemática planteada en este caso concreto; así como de la necesaria sensibilidad en este tema para conjugar todos los intereses personales”. Sostiene que la cuestión planteada es “de indudable índole jurisdiccional. Y, por lo tanto, de la competencia de los correspondientes juzgados y tribunales”. Dejando en mano de sus respectivos titulares la decisión de considerar causa justificada o no cada supuesto en vez de proponer una legislación para dar una respuesta común.
Queja formal.
La Abogacía granadina ha elevado una queja formal ante este acuerdo que ha llegado el TSJA. A través del Ilustre Colegio de Abogados de Granada lamentan; que ni siquiera en este contexto de crisis y emergencia sanitaria sean capaces de dar una respuesta unitaria. Defienden que otros Tribunales de Justicia, como por ejemplo el de Asturias sí que han acordado incluir estos supuestos como causas justificadas de suspensión de vistas.
El decano del Colegio, Leandro Cabrera ha declarado no entender que “la Sala de Gobierno no haya aprobado, si no unos criterios obligatorios, al menos unas recomendaciones, para así evitar la disparidad de resoluciones entre los propios juzgados y tribunales más en una situación extraordinaria como la actual en la que todos los operadores jurídicos debemos implicarnos y trabajar de forma conjunta para solventar los problemas que la pandemia está causando en el sistema de Justicia”. “Esta decisión del TSJA genera un agravio comparativo ya no solo entre los letrados granadinos respecto a otros territorios; sino entre los propios abogados de la provincia que van a tener una respuesta diferente según el órgano judicial donde se formalice la petición”, explica el decano.
Pese a estas diferencias, el Colegio de Abogados de Granada insiste en que seguirán trabajando en defensa del buen funcionamiento de la Administración de Justicia. Así como en la defensa de los derechos e intereses de sus colegiados, proponiendo y reivindicando cuantas medias considere oportunas.
