Hoy entrevistamos a D. Luis Alberto Flores Hernández experto en violencia de género

El experto en Derecho Internacional Luis Alberto Flores Hernández y Master en Criminología Delincuencia y Victimología,  Investigación, especialidad en Violencia de Genero, Ciberdelincuencia,  Ciberespacio, Delincuencia Organizada nos da las claves en materia de violencia de género internacional.
Hoy entrevistamos a D. Luis Alberto Flores Hernández experto en violencia de género
Luis Alberto

¿Qué es la violencia de género?

La violencia de género constituye, lamentablemente, uno de los flagelos más comunes de la sociedad y la historia, tal como lo reconoce la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en su Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer de 1994[1], donde indica que este tipo de violencia corresponde a una manifestación histórica y desigual de relaciones de poder entre hombres y mujeres que produce subordinación, dominación y discriminación hacia el género femenino, que además impide el goce pleno de los derechos humanos y las libertades fundamentales de la mujer.

Esta misma declaración, señala en su artículo 1, que la violencia de género corresponde a:

Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada.

Este criterio es reafirmado por el Instrumento de ratificación del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, hecho en Estambul el 11 de mayo de 2011[2], el cual señala en el literal b) del artículo 3 que se entenderá como violencia contra la mujer “(…) violación de los derechos humanos y una forma de discriminación contra las mujeres, y se designarán todos los actos de violencia basados en el género que implican o pueden implicar para las mujeres daños o sufrimientos”.

Un aspecto a tomar en cuenta dentro de la definición de este tipo de violencia se refiere al término “género”, el cual corresponde a los comportamientos, actividades y atribuciones que la sociedad ha construido y considera propios y adecuados para hombres o mujeres; de allí que una definición general sobre la violencia de género atañe a las actuaciones de tipo violentas ejercidas sobre las mujeres en razón de su género, o por el solo hecho de ser mujer, afectando a sus derechos y libertades individuales, a los fines de producirle daños y/o controlarla, de allí que generalmente esta violencia sea sistemática y sostenida en el tiempo.

Su origen parte de una ideología, es decir, proviene de la tradicional estructura patriarcal, con creencias que propician la desigualdad entre hombres y mujeres; quien sufre de esta violencia, se considera víctima y a quien la perpetra abusador o victimario. Cualquier mujer puede ser afectada por cuanto no existe una tipología establecida, generalmente el abusador es una persona que tiene una posición privilegiada con la víctima, quien espera recibir respeto, amor y apoyo de éste; a su vez el agresor tiene una imagen pública apreciada sin generar sospechas de los daños físicos, psicológicos, sociales o patrimoniales puede generarle a la víctima.

 ¿Está bien conceptuada legalmente?

La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género[3], establece en su artículo 1, las definiciones principales utilizadas legalmente sobre este tipo de violencia, señalando en el primer numeral que la aplicación de la ley recaerá contra la violencia producida por hombres a mujeres quienes hayan sido o no sus cónyuges o se relacionaran afectivamente sin la necesidad de convivencia, donde se evidencien situaciones de discriminación y/o desigualdad en sus relaciones. Posteriormente amplía el panorama de aplicación en el numeral tercero al señalar “3. La violencia de género a que se refiere la presente Ley comprende todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad”. Como se puede observar, esta definición tiene marcadas coincidencias con los conceptos indicados en la declaración de la ONU y el convenio de Estambul, anteriormente descritos, tales como la generalización de violencia física y psicológica, amenazas y coacciones contra la mujer.

Ahora bien, al ser la Ley Orgánica más relevante en materia de violencia de género, la definición carece de especificidad y deja de lado ciertos aspectos que los convenios antes señalados sí establecen, como por ejemplo la diferenciación entre violencia por razones de género y violencia doméstica (de acuerdo a esta ley no hay diferencias), el señalamiento de que esta norma aplica tanto a mujeres como a niñas, es decir, protege a todo el género femenino; así como tampoco aborda otras manifestaciones de la violencia de género señaladas en el Convenio de Estambul como por ejemplo los matrimonios forzosos, las mutilaciones genitales, la trata con fines sexuales o no, el aborto y la esterilización forzosa, el acoso sexual y la violencia sexual; si bien estos últimos se encuentran tipificados como delitos en el Código Penal, es decir, son castigados, no se consideran legalmente relacionados a la violencia de género aunque en la realidad sí lo estén, omitiendo la situación agravante y afectando la protección directa que le corresponde a la víctima.

¿Cómo influyen las TICs en ella?

En cifras oficiales, para 2015, la Delegación de Gobierno para la Violencia de Género, señaló que una de cada cuatro mujeres jóvenes de 16 a 19 años (21,1%) ha sufrido violencia psicológica de control[4], y el 28% ha sido víctima de comportamiento abusivo a través de redes sociales por su pareja; de acuerdo a datos más recientes, la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (Dolors Montserrat), manifestó que en 2018 el 29% de las mujeres sufrieron control abusivo por parte de sus parejas, mediante el control de los teléfonos móviles[5].

De allí que las tecnologías de la comunicación e información (TICs) actualmente desarrollan un rol importante e influyente dentro de la violencia de género, por cuanto traen consigo una nueva forma de manifestación de este tipo de maltrato, al servir como plataforma para la ejecución de actos que producen ataques psicológicos a las mujeres; éstos van desde la publicación de fotografías, vídeos o comentarios discriminatorios o denigrantes y amenazas en redes sociales, la recepción de este tipo de mensajes en sus móviles, la limitación del acceso a equipos tecnológicos, el chantaje con difundir contenido íntimo y el acoso u hostigamiento mediante la web conocido como ciberacoso, atentando de forma directa con la privacidad e intimidad de las mujeres, perpetrados tanto por sus conocidos, parejas o exparejas, como por desconocidos que al tener acceso al contenido mediante la web consideran tener el derecho a emitir juicios negativos sobre ellas.

Trata de personas con fines de explotación sexual, definición, conceptualización legal y características.

La trata de personas con fines de explotación sexual encuentra su definición más específica y vinculante en el Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños[6], indicando que corresponde a:

(…) la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción (…) con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como lo mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual (…).

De conformidad con lo antes indicado, la trata de personas con fines de explotación sexual, corresponde a la utilización forzada del ser humano con la finalidad de obtener algún beneficio mediante la prostitución u otra forma de explotación de índole sexual, lo que constituye una violación a los derechos humanos y libertades fundamentales de la víctima, quienes en su mayoría son mujeres, mientras que los abusadores pueden ser hombres u otras mujeres, o ambos debido a la formación de bandas u organizaciones criminales dedicadas a estas prácticas.

El Código Penal, por su parte, en el artículo 177 bis, conceptualiza a la trata de personas castigando como reo con 5 a 8 años de prisión a quien en España o en tránsito o con destino, utilice la violencia, intimidación, engaño o abuse de su situación de superioridad, necesidad o vulnerabilidad de nacionales o extranjeros, ofreciendo o no pagos o beneficios para obtener el consentimiento capte, transporte, traslade, acoja o reciba personas, (entre otros aspectos) con finalidades de explotación sexual, incluyendo la pornografía[7].

Es de resaltar, que no es necesario que los traficantes utilicen la fuerza física para cometer el delito de trata, de allí al abusar de una posición de vulnerabilidad, pueden aplicar violencia o presión psicológica a la víctima.

Dentro de las características propias de esta trata se encuentran: 1. El fin principal que persiguen los traficantes reside en la explotación de carácter sexual, incluyendo la prostitución y/o pornografía; 2. La mayoría de las afectadas son mujeres o niñas; 3. Los traficantes son organizaciones criminales de carácter nacional o internacional que persiguen el lucro con la explotación sexual; 4. Se asocia con la esclavitud por cuanto la víctima no puede decidir sobre sus actos desde la óptica sexual; 5. Existe maltrato o violencia física y psicológica hacia las víctimas; y 6. En muchos casos las víctimas son personas extranjeras que no cuentan con la documentación migratoria y se ven forzadas a permanecer ilegalmente en el territorio nacional.

¿Qué relación tiene o puede tener la trata con fines de explotación sexual con la violencia de género?

La relación de la trata de personas con fines de explotación sexual con la violencia de género es bastante estrecha, por cuanto las víctimas de trata con esta finalidad generalmente sufren abusos o violencia de este tipo, principalmente porque al ser explotadas sexualmente a la vez están siendo abusadas tanto física (no poder decidir libremente sobre sus actos sexuales) y psicológicamente, debido a la presión que los traficantes ejercen sobre ellas, por cuanto la explotación sexual comprende una situación de desigualdad entre los hombres, quienes ejercen el dominio y control sobre las mujeres abusadas. De allí que las féminas que son víctimas de trata con fines de explotación sexual a su vez lo son de violencia de género, al sufrir daños de tipo físico, psicológico y principalmente sexual, además de amenazas o coacciones contra ellas.

[1] Organización de las Naciones Unidas (O.N.U). Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. Asamblea General. 1994. Consultado el 27 de diciembre de 2019. Disponible en:

[2] España. Jefatura del Estado. Instrumento de ratificación del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, hecho en Estambul el 11 de mayo de 2011. Boletín Oficial del Estado, 6 de junio de 2014, núm. 137. Consultado el 27 de diciembre de 2019.

[3] España. Jefatura del Estado. Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Boletín Oficial del Estado de 29 de diciembre de 2004, núm. 313. Consultado el 27 de diciembre de 2019.

[4] Delegación de Gobierno para la Violencia de Género. Macroencuesta de violencia contra la mujer (2015). Consultado el 27 de diciembre de 2019

[5] El Mundo de España. Sanidad advierte de que «el control del móvil por parte de la pareja es violencia de género. Nota de prensa. Consultado el 27 de diciembre de 2019.

[6] Organización de las Naciones Unidas (O.N.U). Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños. 2000. Artículo 3. Definiciones: Para los fines del presente Protocolo: a) Por «trata de personas» se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos; b) El consentimiento dado por la víctima de la trata de personas a toda forma de explotación intencional descrita en el apartado a) del presente artículo no se tendrá en cuenta cuando se haya recurrido a cualquiera de los medios enunciados en dicho apartado; c) La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de un niño con fines de explotación se considerará «trata de personas» incluso cuando no se recurra a ninguno de los medios enunciados en el apartado a) del presente artículo; d) Por «niño» se entenderá toda persona menor de 18 años. Consultado el 27 de diciembre de 2019.

[7] España. Jefatura del Estado. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Boletín Oficial del Estado de 24 de noviembre de 1995, núm. 281. Consultado el 27 de diciembre de 2019.

 

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