Tras dos días en la sede del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), el viernes concluyó el I Congreso de la Infancia y la Adolescencia. Acabó con la presentación de los organizadores de un “Decálogo en favor de la especialización, en el orden civil, de las materias de infancia, familia y capacidad”.
Tras las intervenciones de más de 80 juristas y especialistas en la materia, el Comité, junto con los comités de Honor y Científico, publicó sus recomendaciones. De esta forma, se pretende proteger a los menores en los procesos de Familia y garantizar la igualdad de acceso a la Justicia en España.
El documento nace de la necesidad de reconocer a los menores como “víctimas directas de los procesos judiciales que afectan a su entorno familiar”. También de una problemática específica en el ámbito escolar y social. Y es que esta “al ser cada vez más compleja, requiere de una tutela judicial especializada”.
Por ello, reclamaron “más comunicación y encuentros” de carácter multidisciplinar. También una “relación fluida y de confianza” entre los profesionales que intervienen en los procesos que les afectan.
Los organizadores recordaron que, según las normativas, “las opiniones, necesidades, inquietudes y vivencias de los menores deben ser escuchadas en todo proceso en el que se adopte una decisión que les afecte”. Del mismo modo, deben ser defendidos en sus derechos e intereses ante los tribunales por profesionales especializados, especialmente abogados y fiscales.
Especialización y redistribución
Los expertos destacaron que la especialización en materia de Familia es fundamental. Con ello se garantiza “la igualdad de acceso de la ciudadanía a la jurisdicción, con independencia de su lugar de residencia”. Además, se logrará agilizar y unificar el tiempo de la respuesta judicial.
Los organizadores propusieron la redistribución de las competencias que actualmente existen en los 431 partidos judiciales. Según esta propuesta, habría que especializar 80 juzgados. A estos se les uniría los 148 juzgados de familia existentes, más los 15 de incapacidades. Con todos ellos habría un total de 243 Juzgados de Infancia, Familia y Capacidad en toda España. Además, a estos órganos habría que adscribirles un Fiscal y un Equipo Técnico, con acceso a mediadores, Médicos Forenses, y otros recursos técnicos y personales necesarios.
Los operadores jurídicos solicitaron una reforma del sistema de declaración de desamparo, “encomendando al juez esa decisión en lugar de a las autoridades administrativas que lo tienen actualmente reconocida”.
Recordaron que la internacionalización de las relaciones interpersonales está incrementando la problemática que afecta a la infancia y a las familias. Esto “requiere un especial conocimiento del marco normativo supranacional y de los instrumentos y mecanismos de cooperación internacional”.
Otras medidas acordadas
Por otra parte, los organizadores acordaron la constitución de un foro de debate: “Avanzamos juntos”. Con vocación de escucha y permanencia pretende compartir información, impulsar propuestas comunes y difundir en las páginas web, medios de comunicación y redes sociales las iniciativas comunes de personalidades jurídicas y asociaciones y entidades del Tercer Sector.
Asimismo, se hizo pública la creación de un Grupo de Trabajo que dará seguimiento a la tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia. También seguirá la de la Ley de reforma del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil sobre capacidad, así como de otras reformas sobre materias propias de la jurisdicción.
Finalmente, el Comité avanzó que el II Congreso Nacional de Infancia y Adolescencia se celebrará presencialmente en Barcelona en marzo de 2022. Este será coorganizado por el ICAM, ICAB y la Plataforma Familia y Derecho.
